La Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la Carta Magna en Ecuador, ratificó la legalidad del decreto de estado de excepción que el presidente Lenín Moreno emitió el pasado jueves pero lo restringió únicamente a 30 días.
Tras una sesión en la que analizó las dudas de varios organismos de derechos humanos, la Corte aprobó con el voto unánime de sus ocho jueces un «dictamen de constitucionalidad» de la decisión que el presidente adoptó ante el incremento de las protestas sociales contra unas medidas económicas anunciadas por su gobierno.
La Corte Constitucional precisó que «la declaratoria del estado de excepción regirá únicamente por un plazo de treinta días», en lugar de los sesenta decretados por Moreno.
Con esa decisión, la Corte explicó que las medidas de limitación y suspensión de derechos que se establecen en el Decreto de Excepción se aplicarán respecto a la «libertad de asociación, reunión y libre tránsito», así como en las requisiciones que sean consideradas necesarias por el Estado.
Aclaró que esas medidas deben permitir el cumplimiento de los objetivos del estado de excepción y no deben afectar «el derecho de la protestas pacífica».
Asimismo, sobre la actuación de las instituciones del orden, el dictamen de la Corte Constitucional señala que el uso de la fuerza debe ser proporcional y progresiva.
Por ello, demandó a la Policía y a las Fuerzas Armadas «el cumplimiento de sus deberes de prevenir y proteger la integridad y derechos de los periodistas y medios de comunicación, de los organismos e instituciones de asistencia humanitaria, así como la de la ciudadanía en general».
También recordó que la Constitución establece que los servidores públicos «serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción».
La situación en Ecuador se ha agravado en los últimos días luego de que Moreno anunciara el pasado martes la anulación de los subsidios al precio de los combustibles, lo que supuso el incremento en el valor de los carburantes de mayor consumo y una de ola de protestas.
Esas medidas tienen relación a los compromisos que Ecuador asumió con el Fondo Monetario Internacional para concretar en marzo pasado un programa crediticio por 4.200 millones de dólares.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), una de las organizaciones sociales más importantes del país, ha llamado a un «levantamiento» progresivo en todo el país, y ha organizado una protesta de sus bases en Quito, que se unirá el próximo miércoles a una movilización de los sindicatos a nivel nacional.
