Un estudio de la Defensoría de los Derechos de la Niñez de Chile dio cuenta este viernes de una grave vulneración de los menores por contaminación ambiental en las localidades costeras de Quintero y Puchuncavi, lugar considerado el «Chernóbil chileno» por organizaciones medioambientales.
El informe, realizado por la Universidad Católica de Chile de Valparaíso por encargo de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, advierte de los serios impactos psicológicos sufridos por los menores residentes de la llamada «Zona de Sacrificio», situada unos 130 kilómetros al noroeste de Santiago.
Según el estudio «Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví 2018», los menores residentes en esas localidades han sufrido la vulneración de al menos 17 de sus derechos, en una iniciativa que contempló la participación de 50 menores afectados y que fueron atendidos en la red asistencial.
En este sentido, el informe señala que la cotidianidad de los menores ha sido afectada por los diversos cambios que han tenido que realizar por el permanente miedo que quedó tras la grave crisis medioambiental sufrida por esa zona en agosto del año pasado.
«No existen garantías mínimas de derechos, al no poder resguardar espacios de esparcimiento. Se pierde la playa como un lugar de disfrute y los lugares de naturaleza se tornan como ámbitos que se extinguirán y donde no pueden disfrutar sin temer por su salud», precisó el informe.
Al respecto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que la principal conclusión del estudio tiene que ver con que el Estado responda en su rol de garante de derecho, cuestión que no ha hecho.
«Hablamos de que el Ministerio de Medio Ambiente y Educación tomen acciones concretas. Esperamos que existan medidas que mejoren las condiciones de salud y de vida de los niños y niñas de ese lugar», subrayó Muñoz en declaraciones a la prensa.
«Ya hemos iniciado las peticiones de información a la Corte Suprema, quien instruyó determinar cuáles son los agentes contaminantes y las enfermedades asociadas. Hay que realizar exámenes para determinar si los niños tienen en sus cuerpos metales pesados», complementó Muñoz.
La diputada Carolina Marzán, del opositor Partido por la Democracia (PPD), dijo a los periodistas que cuando se le pidió al gobierno local la realización de estudios médicos «la respuesta fue que no era pertinente».
«Me parece que si bien la autoridad local no es la que toma decisiones, justamente son ellos los que representan a las personas en demandas de derechos, ellos deberían estar presionando para que sus derechos no sean vulnerados», recalcó.
En tanto, el Ministerio Público afirmó que todos los antecedentes reunidos a la fecha de varios episodios contaminantes ocurridos en Quinteros y Pucyhuncavi, además de otras dos localidades en el sur de Chile por derrames de petróleo, se encuentran contenidos en un total de 17 tomos, y cada uno de ellos tiene en promedio 350 páginas.
El pasado martes Greenpeace acusó de «complicidad» al Estado chileno por el daño ambiental que por décadas han causado las plantas termoeléctricas en el país, luego de que ese mismo día se decretara una emergencia en la localidad de Quinteros por la alta concentración de dióxido de azufre (SO2).
Recordó que la situación es tan grave en la zona, que la Corte Suprema ya ha advertido que si vuelven a generar intoxicaciones masivas se deberá generar una evacuación general de la zona.
En un comunicado entregado a los periodistas, la organización destacó el papel «cómplice» que ha tenido el Estado con la estadounidense AES Gener, responsable de las cuatro termoeléctricas que están en Quintero-Puchuncaví, y exigió al Gobierno el cierre inmediato de estas instalaciones.
Desde hace cinco décadas, las localidades de Quintero y Puchuncaví, situadas en la región de Valparaíso, han sido escenario de intoxicaciones masivas cuando comenzó la instalación de plantas industriales en la zona, varias de ellas con uso o producción de químicos.
