Las autoridades de Filipinas han abierto una investigación criminal por sedición contra la vicepresidenta, Leni Robredo, y 35 políticos de la oposición y obispos católicos, lo que los detractores de la administración de Rodrigo Duterte han tildado de ataque al disenso político.
El Departamento de Justicia formó hoy un panel con tres fiscales para emprender una investigación «justa e imparcial» a partir de las demandas interpuestas ayer por el Grupo de Investigación Criminal de la Policía Nacional, informó el secretario de Justicia, Menardo Guevarra.
«El Departamento de Justicia no es una herramienta ni de opresión ni de persecución. Trabajaremos a partir de las pruebas presentadas sin importar quién sea imputado o quién quede libre», señaló Guevarra.
Según las demandas, los 36 acusados, a los que se les imputan los cargos de difamación, protección de criminales y obstrucción a la justicia, participaron en un complot para «desestabilizar el gobierno».
Entre los demandados figuran dos senadoras y feroces críticas de Duterte: Risa Hontiveros y Leila de Lima, ésta última acusada de aceptar sobornos de narcotraficantes tras abrir una investigación en el Senado sobre la guerra antidroga y encarcelada sin juicio desde febrero de 2017.
También está acusado el exsenador Antonio Trillanes, un exmilitar golpista a quien Duterte retiró el año pasado una amnistía concedida en 2011 por el anterior presidente, que le eximía de los cargos que pesaban sobre él por liderar tres intentonas de golpe de Estado hace más de una década, un caso pendiente de sentencia que lo podría devolver a la cárcel.
«Estos cargos contra miembros clave de la oposición son actos claros de persecución política y hostigamiento por parte de la administración Duterte, empeñada en reprimir la disidencia democrática», lamentó en un comunicado Trillanes, que además acusó a la policía de ponerse al servicio del gobierno.
Sin embargo, el portavoz presidencial, Salvador Panelo, negó hoy tajantemente que el gobierno de Duterte tenga algo que ver «en absoluto» con estas querellas contra sus principales detractores.
En el último año, el mandatario ha acusado a Robredo -otra de sus principales críticas- y a congresistas de la oposición, e incluso al proscrito Partido Comunista, de conspirar para apartarlo del poder, sin presentar pruebas al respecto.
En esta ocasión, los cargos tienen que ver con cinco vídeos subidos a internet por un tal «Bikoy» en abril, en plena campaña electoral para los comicios de mitad de mandato de mayo, en los que se relacionaba a la familia Duterte con el tráfico ilegal de drogas.
Los vídeos en los que Bikoy aparecía con la cara tapada mostraban documentos que supuestamente probaban transacciones bancarias que mostraban esa conexión, que apuntaba directamente a Paolo Duterte, hijo del mandatario, y a Bong Go, su mejor amigo y recién elegido senador.
El entorno del mandatario se apresuró a vincular a la oposición con Bikoy, aunque un mes después el joven filipino Peter Joemel Advincula se reveló a sí mismo como Bikoy y declaró que actuó solo, con la única intención de destapar los vínculos con el narcotráfico de una administración que ha emprendido una letal guerra contra las drogas, que acumula más de 27.000 muertos según la ONU.
Semanas después de su detención, Advincula reculó y afirmó que el contenido de los vídeos era falso, pidió disculpas a los Duterte e incriminó a la oposición en el supuesto montaje, en particular a Robredo y al Partido Liberal que dirige.
«Si esto se basa puramente en la declaración escandalosa de Advincula, podemos decir con seguridad que los cargos son totalmente infundados y que se trata de un claro hostigamiento», señaló en un comunicado el portavoz de la vicepresidenta, Barry Gutiérrez.
En Filipinas, el presidente y el vicepresidente se votan por separado en las mismas elecciones, por lo que pueden pertenecer a partidos diferentes.
Robredo, que es la siguiente en la línea de sucesión si Duterte pierde la presidencia antes del fin de su mandato en 2022, ha denunciado abiertamente los abusos de poder de Duterte, por lo que ha recibido numerosos insultos y descalificaciones del mandatario.
Entre los acusados también figuran siete candidatos senatoriales de la oposición que perdieron en las elecciones de mayo, como Bam Aquino, Florin Hilbay, Gary Alejano o Samira Gutoc.
En la supuesta conspiración de Bikoy también habrían participado altos cargos de la Iglesia Católica -otro blanco de los insultos del presidente a raíz de sus denuncias a los abusos de la guerra contra las drogas- y entre los acusados se encuentran los arzobispos Sócrates Villegas y Pablo David; los obispos Honesto Ongtioco y Teodoro Bacani y varios sacerdotes.
La denuncia ha avivado las críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos, que consideran que se trata de otro intento del gobierno de Duterte de acallar a sus críticos y aplastar a la oposición, que quedó muy debilitada en las elecciones de mayo.
«Este caso ilustra cómo se pueden imponer arbitrariamente leyes draconianas como la sedición para silenciar a los críticos del gobierno», denunció hoy Amnistía Internacional.
La Unión Nacional de Abogados de los Pueblos -grupo muy crítico con el mandatario y que presta asistencia legal gratuita a las víctimas de la campaña antidrogas- aseguró que este caso implica una bofetada de persecución política y represión al servirse de nuevo del sistema legal como una potente arma política».
Cactus24 19-07-19
