Los exjugadores del Atlético de Madrid Juanma López y Mariano Aguilar son los principales investigados en la trama que podría haber defraudado más de cinco millones a través de un fondo de inversión del que son representantes y que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas y préstamos a clubes.
Según han indicado a Efe fuentes de la investigación y la Audiencia Nacional en un comunicado, la operación bautizada como Dean centra sus pesquisas en el fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited e investiga a su administrador Nelio Freire Lucas por un delito contra la Hacienda Pública.
Por este mismo delito y por otro de blanqueo de capitales también se investiga a los exfutbolistas Mariano Aguilar y Juan Manuel López, como representantes de la rama española de Doyen. También figuran en el procedimiento abierto la pareja de López, Rocío del Carmen Sánchez, y Miguel, hermano de Aguilar.
A los cinco se les acusa de no tributar en España los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes, y están citados a declarar como investigados este jueves y viernes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, José de la Mata.
De la Mata es quien ha coordinado la operación Dean, desarrollada este martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria después de que a principios de 2018 la Fiscalía Anticorrupción iniciara las pesquisas y presentara una querella que el juez ha admitido.
Como parte de las actuaciones, los agentes han requerido a algunos clubes de fútbol y organismos información como son el Getafe, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, el Granada, el Cádiz, el Sporting de Gijón, el Elche, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Ninguna de las entidades mencionadas está investigada en este procedimiento.
En el auto de admisión de la querella de la fiscalía, el juez explica que Doyen es un fondo de inversión con capital de 100 millones de euros constituido en 2011, con domicilio de Malta y cuya actividad consiste en operaciones de compra de derechos económicos de jugadores y la concesión de préstamos a clubes.
El instructor apunta que la querella de la Fiscalía identifica operaciones de adquisición de derechos de Gilavogui al Atlético de Madrid y préstamo de 2,5 millones; venta de derechos económicos de Falcao y asistencia financiera al mismo club; compra de derechos económicos de jugadores del Sporting de Gijón; compra del 50 % de derechos económicos de Miroslav Stepanovic y Kondogbia o del 20 % por ciento de Babá, entre otros.
Por este concepto, indica el auto, de manera indiciaria Doyen obtuvo en 2013 un beneficio de 17,8 millones de euros; en 2014 de 1,9 millones; en 2015 de 624.322,35 euros y en 2016 de 217.941,83 euros.
En cuanto a las operaciones de préstamo, se han identificado 2,5 millones al Atlético de Madrid y al Sporting de Gijón; 3,65 millones al Sevilla; 3,5 millones al Getafe y medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido. Por tanto, el beneficio obtenido por el fondo fue de 1,1 millones en 2013, 224.324,37 euros en 2014 y 75.000 en 2015.
Con la suma de ambas partidas y solo con operaciones realizadas en España, indica el auto, en 2013 el fondo obtuvo unos ingresos totales de más de 19 millones de euros; en 2014 de 2,1 millones; en 2015 de 699.322 euros y en 2016 de 217.914.
Solo en 2013, los beneficios de la trama superaron los 15 millones de euros y la cuota tributaria defraudada sería de 4.583.648 euros, sin perjuicio de que afloren nuevos ingresos no computados, tanto en 2013 como en otros períodos impositivos, concluye el magistrado.
De la Mata concluye que Doyen Sports Limited contó con un establecimiento permanente en España que ha tratado de ocultar simulando que su gestión se realizaba desde Malta.
Este fondo recibía como contraprestación a realizar por el club financiado, no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de la eventual futura venta del futbolista que necesariamente debía llevar a cabo la entidad al recibir una oferta que cumpliera las condiciones previstas al celebrar el inicial contrato de préstamo.
Estos acuerdos denominados TPO (Third Party Ownership) fueron prohibidos por la FIFA en abril del año 2015. A partir de dicha fecha Doyen mantuvo la vigencia de dichos contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol profesional.
Dentro de su operativa, se apunta a que la rama española del fondo se encuentra liderada por dos hombres de confianza, Mariano Aguilar y Juan Manuel López Martínez, ambos intermediarios, que residen en España donde se reúnen con los directivos de Doyen y donde realizan las negociaciones con los clubes de fútbol, aunque hayan ocultado en distintos momentos que residen en Gran Bretaña o Suiza, así como su renta y patrimonio.
Ambos, junto con el administrador de Doyen, Nelio Freire Lucas, y a través de la sociedad Assets 4 Sports -posteriormente sustituida por la sociedad maltesa Vela Management- han llegado a representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del fútbol, embolsándose por ello importantes cantidades.
La resolución detalla que el Grupo Doyen no presentó ninguna declaración en territorio español, pese «a su estrecha vinculación económica al mismo» hasta las filtraciones de Football Leaks, cuando a partir de 2015 comienza a depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales de los ejercicios 2011 y sucesivos.
Cactus24 17-07-19
