El partido político FARC denunció que el asesinato de más de un centenar de miembros de la antigua guerrilla constituye «una clara violación» del acuerdo de paz firmado con el Gobierno colombiano y pidió ayuda internacional para poder participar con garantías en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo.
Los líderes de la FARC, que estuvieron reunidos el viernes y el sábado en Bogotá, divulgaron este día una declaración en la que aseguran que la violencia política se «ha cobrado la vida de 133 exguerrilleros, así como de 34 de sus familiares y 11 más desaparecidos».
Estas víctimas «se suman a los más de 600 compatriotas asesinados por su papel de liderazgo en sus comunidades», agrega en referencia a los líderes sociales que han perdido la vida de forma violenta desde 2016.
«Estos asesinatos sistemáticos constituyen una clara violación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; y, por lo tanto, son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos», señala la declaración.
En esta responsabilidad están «incluidos los firmantes del acuerdo de paz y los líderes sociales, tal como está consignado en el punto 3.4 del Acuerdo», manifiestan los líderes de la antigua guerrilla en la declaración.
La reunión del Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección de la FARC, fue convocada de emergencia esta semana por el presidente del partido, Rodrigo Londoño, conocido en sus tiempos de guerrillero como «Timochenko», para analizar «la grave situación de seguridad» de quienes dejaron las armas y se acogieron al acuerdo de paz de noviembre de 2016.
El partido político consideró «inaceptables» las explicaciones que han recibido del Gobierno así como los informes publicados por la Fiscalía General de la Nación «en los que se presentan frías cifras sobre presuntos responsables, sin que se vea un claro compromiso por parte del Estado para garantizar la vida de todos los colombianos».
El pasado 13 de junio, la Fiscalía de Colombia afirmó haber esclarecido el 51,78 % de los crímenes contra integrantes de la antigua guerrilla.
Sin embargo el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) asegura que no ve «la intención de poner en marcha las políticas, los mecanismos y las medidas acordadas dentro del Plan Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política» que hace parte del acuerdo de paz.
«Por el contrario, lo que hemos conocido es la intención de poner en marcha planes y medidas que desconocen lo pactado, como es el denominado Plan de Acción Oportuna (PAO)», nombre de una estrategia de seguridad presentada a finales del año pasado por el presidente colombiano, Iván Duque.
La FARC tacha igualmente de «inaceptable la campaña de estigmatización» en contra de ese partido que, según denuncia, se lleva a cabo «desde la bancada del partido de gobierno, Centro Democrático, y el propio presidente».
Esto, afirman, «de alguna manera estimula los instintos criminales de quienes aprietan los gatillos» y además «constituye una campaña de persecución política y hostigamiento» contra quienes firmaron la paz.
Por esas razones, y temiendo que haya un recrudecimiento de la violencia contra sus militantes, el partido pidió la atención de Cuba y Noruega, países garantes del acuerdo de paz; de los expresidentes José Mujica (Uruguay) y Felipe González (España), quienes integran el grupo de notables; así como de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Con ello buscan que se les permita participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo 27 de octubre, «dado que difícilmente nuestro partido tendrá plenas garantías para la participación en dicho proceso electoral».
Finalmente, el partido de la antigua guerrilla convocó «a todos los sectores de la nación a superar la indiferencia frente al baño de sangre que estamos padeciendo (…) para evitar que la tan anhelada paz, termine ahogada en un charco de sangre».
