La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro para vigilar la situación de los derechos humanos.
«Hemos podido alcanzar varios acuerdos (…) tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la comisión nacional de prevención de la tortura, así como para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país», dijo minutos antes de abandonar Venezuela.
La ex presidenta chilena celebró la liberación del diputado Gilber Caro, y de otros dos ciudadanos Melvin Farías y Junior Rojas, pero llamó a las autoridades a poner en libertad a todos los presos políticos.
Explicó que dos oficiales de la oficina de derechos humanos de la ONU se quedarán en Venezuela para «proveer asistencia y asesoría técnica» en esta materia, pero también para monitorear la situación.
«El gobierno también ha aceptado que mi equipo entre a los centros de detención para poder monitorear las condiciones» en las que se encuentran y hablar «confidencialmente con los privados de libertad», así como a permitir un acceso «más amplio a los distintos mecanismo de derechos humanos» incluidos los relatores de la ONU.
La ex presidenta chilena manifestó que espera que el gobierno de Maduro cumpla con su palabra, y de no ser así aseguró que lo informará.
Asimismo, expresó su deseo de que la asistencia de su equipo sirva para reforzar la «prevención de la tortura», y destacó que para ella fue «profundamente doloroso» escuchar a las víctimas de violación de derechos humanos o de la «violencia política por ser partidarios del régimen».
Aseguró que le «duele» la situación en Venezuela y que le preocupan las sanciones extranjeras impuestas al gobierno porque han «exacerbado» la «preexistente crisis económica».
«Mantener posiciones arraigadas solo agravará la crisis y los venezolanos no pueden permitirse que se deteriore aún más la situación en el país», agregó.
