Un instituto académico checo, dirigido por una exiliada jurista venezolana, informó este lunes en Praga que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por supuestos ataques de las fuerzas de seguridad venezolanas contra una clínica privada y tres iglesias.
Según explicó Tamara Sujú, directora ejecutiva de CASLA, un centro especializado en estudios de América Latina en Praga, el objetivo es «demostrar que la represión se ha recrudecido» en el país caribeño, presidido por Nicolás Maduro.
«No importa ya atacar una clínica o centro de salud, lo que internacionalmente está penado», señaló la jurista venezolana, que recibió asilo en la República Checa en 2014.
CASLA, que recibe fondos del Estado checo, ha presentado en el pasado varios pliegos ante la CPI con más de 600 casos de supuestas torturas atribuidos a responsables del Gobierno de Maduro.
En los dos expedientes por crímenes de lesa humanidad abiertos contra Venezuela en La Haya hay casos de torturas, de detención arbitraria, violencia sexual y desapariciones forzadas temporales.
En el material presentado ahora al CPI se denuncia el ataque a la clínica privada «Alfa» en Maiquetía (estado de Vargas), donde fueron heridas de gravedad tres mujeres durante las protestas callejeras que siguieron a un discurso del dirigente opositor Juan Guaidó el pasado 30 de abril.
La intervención de las fuerzas del orden hizo que numerosas personas se refugiasen en el centro del salud, donde entraron agentes y abrieron el fuego «a quemarropa», asegura Sujú.
Agentes de la Guardia Nacional y Policía Regional allanaron ese mismo día tres iglesias, en Maiquetía, San Cristóbal (estado de Táchira) y Barquisimeto (estado de Lara).
Allí se habían refugiado manifestantes, contra los que se usaron gases lacrimógenos dentro del templo durante el oficio religioso.
En el pliego de denuncia a la CPI figuran el gobernador de Vargas, José Luís García Carneiro; el vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, y el jefe de la policía del estado de Vargas, Virgilio Pelequia, como «cabezas de la represión», aseguró Sujú.
Seis países -Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Chile y Canadá- han denunciado a Venezuela ante la CPI y han instado al fiscal a abrir la investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Por otra parte, CASLA anunció hoy que en cooperación con la secretaría general de la Organización de Estados Américanos (OEA) entregará en junio próximo un informe en la CPI sobre la «masacre del pueblo pemón».
Esta comunidad indígena autóctona se ha visto desplazada por el Gobierno venezolano para facilitar la extracción minera en su zona de residencia.
«Unos 1.200 ‘pemones’ se han visto obligados a abandonar Venezuela y refugiarse en Brasil tras ser intimidados por el Gobierno», explicó Sujú.
Cactus24 13-05-19
