El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aceptaron reunirse este martes para analizar la posible reanudación de las negociaciones en buscan de una salida a la crisis que estalló hace más de año y que es la peor que ha vivido el país en décadas.
La reunión forma parte del llamado realizado semanas atrás por los «testigos y acompañantes» de las negociaciones, que las partes desarrollaron entre el 27 de febrero y el 3 de abril, para que las mismas fueran retomadas a fin de avanzar en los puntos que quedaron pendientes.
Los testigos y acompañantes del proceso negociador son el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega confirmó su presencia este martes en la mesa de negociaciones para defender «el derecho del valiente pueblo de Nicaragua que quiere paz, y exige el reconocimiento de las bases universales de la reconciliación, que pasa por la justicia, con reparación y compromiso de no repetición».
La Alianza también anunció su presencia en la cita e informó que «sigue dispuesta al diálogo para encontrar la salida, que pasa por la liberación de presos, justicia, verdad y la celebración de elecciones libres, democráticas y adelantadas».
El encuentro tendrá lugar en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al sur de Managua, y tiene como objetivo restaurar las negociaciones que finalizaron el pasado 3 de abril y en las que las partes llegaron a acuerdos en dos de cuatro grandes temas.
Los dos acuerdos firmados giraron en torno a la liberación de los «presos políticos» y el respeto del Gobierno hacia la Constitución en lo referido a las libertades de expresión y de prensa, pero el Ejecutivo no ha cumplido con su compromiso según ha denunciado la Alianza Cívica.
Precisamente una primera reunión convocada por el Vaticano y la Secretaría General de la OEA para retomar las negociaciones fracasó el pasado 23 de abril, cuando la oposición se negó a asistir y condicionó un nuevo acercamiento a que el Ejecutivo cumpliera los acuerdos alcanzados en materia de derechos y garantías ciudadanas.
Los opositores también sostienen que el Gobierno de Ortega recurre a diversas tácticas para evitar abordar los temas relacionados con la justicia para las víctimas de la crisis y el retorno de la democracia en Nicaragua.
La crisis de Nicaragua ha dejado unas 325 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque instituciones locales elevan la cifra hasta 568, y el Gobierno reconoce 199.
La CDIH, que cuenta 809 presos, casi el doble de lo que admite el Gobierno, ha señalado a la administración de Ortega como responsable de delitos «de lesa humanidad».
Cactus24 07-05-19
