La diputada de la Asamblea Nacional, Desiree Barboza, denunció que el pasado domingo a las 11:00 pm fue secuestrado un activista del partido Voluntad Popular, presuntamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
“El integrante del equipo de logística del equipo de Voluntad Popular Zulia fue secuestrado la noche del pasado domingo 14 de abril luego de la visita que realizara al Zulia el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. Funcionarios con armas largas lo obligaron a bajarse de su vehículo y lo retuvieron”, afirmó.
Barboza, también coordinadora regional de Voluntad Popular en el Zulia, detalló que el activista estuvo secuestrado durante 24 horas en las que fue torturado. “Lo amarraron, lo golpearon, le colocaron bolsas en la cabeza para cortarle la respiración, le sumergieron la cabeza en pipotes de agua violando sus Derechos Humanos. Aunque lo cubrieron para que le quedaran marcas de los golpes, los informes médicos constataron las torturas a las que fue sometido”, indicó.
La legisladora zuliana informó que esta nueva violación a los Derechos Humanos será denunciada ante los organismos internacionales en los próximos días.
“Responsabilizamos al usurpador del Zulia, Omar Prieto, y al director del SEBIN de cualquier cosa que le ocurra a un dirigente de Voluntad Popular Zulia. Nos quieren intimidar pero no lo lograrán, nuestra lucha por la libertad de Venezuela no la detiene nadie”.
Resguardo a la víctima
La abogada María Antonieta Torres, defensora de Derechos Humanos, informó que se realizó la denuncia por la privación ilegítima de libertad y las torturas de las que fue víctima el activista de la tolda naranja.
“El activista de Voluntad Popular fue interceptado por presuntos funcionarios de inteligencia, quienes lo sometieron y desaparecieron por 24 horas hasta que fue abandonado en un lugar distante de Maracaibo. No podemos identificarlo ante los medios de comunicación, porque estamos salvaguardando la identidad de la víctima y de sus familiares”, señaló Torres.
La abogada indicó que la Fiscalía está en la obligación de determinar el organismo policial, militar o de inteligencia que es responsable de los delitos contra el activista. “Estos son delitos de lesa humanidad que no prescriben y la Fiscalía debe determinar la responsabilidad de los funcionarios y de la cadena de mando”, puntualizó Torres.
