El Gobierno colombiano deberá destinar al menos cinco billones de pesos (unos 1.568 millones de dólares) anualmente para atender la llegada de venezolanos al país, informaron este viernes fuentes oficiales.
Así lo informó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien afirmó a periodistas que la decisión se tomó después de que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal decidiera ampliar el rango de déficit fiscal del país en el mediano plazo.
Estos recursos se destinarán para gastos en seguridad social, educación y vivienda, entre otros, si bien el ministro resaltó que se espera que esa situación se controle en los próximos años.
De esta forma, el Comité decidió aumentar el espacio del déficit en un 0,5 % del producto interno bruto (PIB) para este año.
«La respuesta que da el Comité (Consultivo de la Regla Fiscal) es dado a que el choque tiene efectos fiscales temporales. Nosotros creemos que no es eficiente reducir el gasto en otras partes», agregó Carrasquilla.
El ministro afirmó además que el Gobierno aceptó ampliar el «margen de maniobra» para emplear los recursos necesarios y atender la llegada de venezolanos sin afectar «el resto de los bienes y servicios que provee el Estado».
Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo ha alcanzado los tres millones y más de un millón de ellos están en Colombia.
El Comité Consultivo de la Regla Fiscal lo componen economistas, académicos e investigadores independientes, así como los presidentes de las comisiones económicas de la Cámara y el Senado.
La regla fiscal permite que la deuda del Gobierno sea manejable y que cada año descienda.
Entre tanto, el Gobierno se restringe a «respetar las decisiones tomadas por el Comité y velar por las finanzas públicas sanas y sostenibles».
El Ministerio de Hacienda detalló que «ante la presión sobre las finanzas públicas» por la migración, el Comité amplió además el espacio de déficit del PIB en 0,4 % para 2020, 0,3 % para 2021, 0,2 % para 2022 y 0,1 % para 2023.
«Teniendo en cuenta el conjunto de estimativos que se han desarrollado sobre el costo fiscal del choque migratorio, el Comité decide que el espacio adicional de déficit permitido no podrá superar 0,5 % del PIB en cada vigencia y que se debe asegurar una trayectoria descendente», agregó la cartera.
