Shakira fue citada este lunes 25 de febrero por la justicia española para declarar como investigada por seis delitos contra la Hacienda pública.
La Fiscalía de Barcelona, ciudad en la que reside, acusa a Shakira de defraudar 14.5 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014.
La cantante colombiana ya se ofreció a declarar como investigada y está dispuesta colaborar con la justicia siempre que se le requiera.
Además, insisten en que su declaración es un trámite más dentro de la instrucción de la causa derivada de la querella, que se encuentra en un punto muy inicial, y recuerdan que Shakira ya ha pagado los 14.5 millones que se le exigía, por lo que puede asegurar que ya no está en deuda con el Estado español.
La querella de la Fiscalía española se dirige tanto contra la cantante como contra su asesor fiscal en Estados Unidos, que fue director de varias de las compañías de su propiedad. Apunta además que por el momento «se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional Pricewaterhouse (PwC) en el «mantenimiento o reestructuración» del entramado societario que utilizó.
Concretamente, el Ministerio Público sostiene que la cantante «canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional» -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense ‘The Voice’ (La Voz) o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
Además, añade la querella, que la intérprete suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados «tax ruling», para lograr unas condiciones «específicas y privilegiadas de tributación», cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en este país.
En total, la querella estima en 12.3 millones de euros la cantidad que Shakira debió tributar a la Hacienda española por el IRPF de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y en casi 2.2 millones la suma que tendría que haber pagado a la Agencia Tributaria de la región de Cataluña, donde vive, por el patrimonio de que dispuso en esos años
