Un juicio sin precedentes contra doce líderes secesionistas catalanes por su participación en el proceso independentista de esa región en 2017 comienza hoy en el Tribunal Supremo español, precedido por cortes de tráfico y protestas en Barcelona por parte de los grupos independentistas radicales.
Mientras los acusados eran trasladados desde la cárcel al Tribunal, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) interrumpieron el tráfico con la quema de neumáticos en la autopista AP 7 (que recorre Cataluña), en puntos de las provincias de Gerona y de Barcelona.
Según informaron fuentes oficiales, también cortaron la Gran Vía de Barcelona, lo que provocó importantes retenciones en la entrada a la ciudad, mientras la Guardia Urbana de Barcelona también informaba de problemas de tráfico en una de las principales arterias por una concentración de personas.
Los nueve acusados que están en prisión provisional, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras, llegaron a primera hora de mañana al tribunal, procedentes de dos cárceles próximas a Madrid, a donde fueron trasladados hace unos días desde las prisiones de Cataluña donde estaban internados.
Además, otros tres exconsejeros que serán juzgados a partir de hoy están en libertad provisional.
Todos ellos están acusados de participar de manera activa en la celebración de un referéndum ilegal sobre la secesión de la región de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán el 27 de ese mismo mes.
Como respuesta a este proceso independentista, el Gobierno español cesó de inmediato al Ejecutivo catalán, asumió sus competencias y convocó nuevas elecciones regionales, mientras que la Justicia abrió una causa para dirimir responsabilidades a raíz de la querella presentada por el Ministerio Público.
El juicio, sin precedentes en España, comienza a las 10.00 horas (9.00 GMT) y está previsto que se prolongue durante unos tres meses.
Los siete jueces que forman parte del tribunal tendrán que decidir si en los hechos que se juzgan hubo violencia o no, y por tanto, los acusados habrían cometido un delito de rebelión, que conlleva penas de hasta 25 años, o de sedición, con menos cárcel.
El proceso, que ha provocado una gran expectación, será seguido por más de 600 periodistas de más de 170 medios nacionales e internacionales y, además, con el fin de dar máxima transparencia, las sesiones podrán seguirse por televisión y en «streaming».
Corresponsal Caracas
Cactus24 (12/02/19)
