Como un hecho “monstruoso” calificaron representantes del Observatorio Penal Falconiano (OPF) la medida ejecutada por el tribunal cuarto de control a cargo del juez Luis Marcano al ordenar privativa de libertad a los ocho jóvenes que permanecían en las instalaciones de la Comandancia General de Coro mientras corrían el procedimiento de la audiencia de presentación luego de las protestas del 23 y 24 de enero.
Euro Colina, abogado de la defensa y director general del movimiento de abogados, indicó que luego de los vicios que presenta el expediente y lo tardío de las audiencias esta etapa concluye con la “medida más severa que tiene el proceso penal venezolano como es la detención en una de las cárceles de la entidad”.
En los próximos días se ejercerá la apelación ante un tribunal superior. Los cargos imputados son agavillamiento, hurto calificado, incitación a delinquir, uso y detentación de artefactos explosivos e incendiarios. Colina ha explicado que en el expediente no se cuenta con la experticia necesaria para poder inducir el “uso de artefactos explosivos”.
Todas las medidas solicitadas fueron dadas sin lugar. Tampoco se contó con testigos que certificaran que los imputados estuvieran en el lugar donde se le imputan los hechos. Esperan por la publicación de la medida para luego apelar.
La defensa solicitará entre otras acciones una rueda de reconocimiento así como la reconstrucción de los hechos y las experticias de hidrocarburos. “A cinco de los ciudadanos no les encontraron elementos de interés criminalísticas y se les imputa todos los cargos ya descritos2.
Familiares desconcertados
Carmen Galarraga, madre de Erwin Barrios un joven de 19 años, cantante y compositor, explica lo sorprendida que la deja la medida y afirmó haber conversado hace unos días con el secretario de seguridad ciudadana, Oswaldo Rodríguez León quien le manifestó “esperen a sus muchachos acá afuera de la comandancia que deben salir libres porque yo se que esos ochos muchachos son inocentes porque ya tenemos una idea e identificados a los que actuaron en lo de la panadería”
Por su parte, Jaqueline Colina, madre de Aurimir Rojas la única mujer detenida por las jornadas del 23 y 24 de enero, asegura que la presidencia del Circuito Judicial Penal de Falcón tiene que ver en esta situación. Se pregunta “dónde está el respeto de los derechos humanos nuestros hijos son inocentes”.
Durante las jornadas de protestas civiles de calle protagonizadas el 23 y 24 de enero del presente año, 25 personas resultaron detenidas en los municipios Miranda, Carirubana y Dabajuro. En total nueve adolescentes cuentan con medidas cautelares sustitutivas de libertad, de los cuales solo uno está detenido por contar con un expediente abierto y el resto está bajo tutela de sus padres y presentación cada 15 días. Igual medida corre para los 16 adultos de los cuales ocho, desde este lunes, están privados de libertad.
Joanne López Chirinos/ Cactus24 (05/02/2019)
