Los diputado José Luis Pírela y Rafael Veloz junto al exdiputado Walter Márquez, acompañados de los diputados impugnados de Amazonas, Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana; informaron que presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de los magistrados Indira Alonso Aguirre, Malaquías Gil, Jhanett Madriz Sotillo, Fanny Márquez y Christian Zerpa; pertenecientes a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya que han pasado más de 5 meses y los parlamentarios del estado indígena siguen sin ocupar sus curules.
Además solicitaron la apertura de una investigación por hecho punible a Jorge Rodríguez y Nicia Maldonado dirigentes del PSUV, alegando que la prueba que ambos presentaron y que tomó con base el máximo tribunal del país para llevar a cabo el acto de impugnación de los diputados electos en el estado Amazonas el pasado 6 de diciembre, fueron adquiridas de forma ilegal y no se comprobó la veracidad de la misma.
“Se trata de un fraude constitucional lo que están haciendo con los diputados de Amazonas y la representación indígena Apure-Amazonas, ellos fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en virtud de eso, desde el momento de esa proclamación gozan de inmunidad parlamentaria que les faculta la Constitución. En ningún momento fue allanado el procedimiento de inmunidad, por lo tanto los magistrados y los denunciantes están incursos en el delito de hecho punible y fraude constitucional”, explicó Pírela.
Por su parte Márquez dijo que el expediente de la Sala Electoral “está plagado de una serie de vicios procesales, violando normas constitucionales y tratados internacionales; porque los magistrados que la conforman actúan más como agentes políticos que como jueces de la República, al punto que parten de un supuesto hecho notorio comunicacional que es simplemente una grabación que en nada compromete la responsabilidad de los diputados que fueron electos -a quienes no sólo le violan su inmunidad parlamentaria sino sus derechos ciudadanos-“.
Los voceros aseguran que en este caso de la medida cautelar aplicada ilegalmente a los diputados de Amazonas y la representación indígena del sur, están violando también la declaración de la Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otras disposiciones.
Cactus24 (13/06/2016).
